Decirse liberal hoy genera confusión, pero también rechazo. No solo porque el término se usa para describir cosas muy distintas —desde mercado irrestricto hasta progresismo cultural—, sino porque para muchos suena políticamente correcto y evasivo frente a los conflictos reales que atraviesan la sociedad.

Nada de eso describe bien al liberalismo.

No es una doctrina cerrada ni un programa único, sino un conjunto de principios defendibles desde tradiciones ideológicas distintas. Su foco está en los problemas actuales de las personas: las condiciones que les permiten trabajar, emprender y progresar en contextos cambiantes. El problema es que en Chile muchos invocan el liberalismo para defender derechos propios, pero lo abandonan cuando se trata de aceptar competencia, límites al poder o pérdida de privilegios.

Ser liberal es tomarse en serio la libertad individual como regla práctica para la vida en común. Supone aceptar que las personas, con sus imperfecciones, suelen estar mejor posicionadas que una autoridad central para decidir cómo vivir, trabajar, crear y disentir. De ahí se desprenden consecuencias exigentes: igualdad ante la ley, límites al poder y rechazo a la arbitrariedad.

El liberalismo puede expresarse desde la derecha o la izquierda, con distintos énfasis en el mercado o en la justicia social. Esa diversidad es su virtud: una tradición de debate, más que un dogma. Lo que une a sus distintas expresiones es una convicción compartida: el progreso requiere reglas generales y espacios de decisión, no tutelas permanentes.

Pero esta amplitud no significa que todo sea liberal. El liberalismo deja de serlo cuando la promesa de fines colectivos justifica la supresión sistemática de la autonomía individual. No es liberal una política que concentra poder en nombre de objetivos supuestamente superiores, reemplaza reglas por discrecionalidad, presume saber mejor que las personas qué les conviene o protege incumbentes bloqueando la entrada de nuevos actores. En esos casos, la regulación termina operando como una barrera invisible para los más débiles.

Desde una convicción liberal se puede defender un Estado activo y políticas redistributivas, sin aceptar el paternalismo ni la sustitución de decisiones individuales por diseño burocrático. Un Estado compatible con el liberalismo no reemplaza elecciones: fija reglas claras, corrige fallas y se somete a límites. Por eso, la pregunta liberal no es si el Estado debe actuar, sino cómo debe hacerlo.

¿Por qué defender hoy una agenda liberal para Chile? Porque muchos de nuestros problemas comparten una raíz común: desconfianza institucional convertida en rigidez, opacidad y privilegio. En un país poco liberal, emprender es difícil, innovar es demasiado riesgoso y progresar depende más de contactos que de mérito. Ese entorno erosiona la movilidad social y debilita la legitimidad del sistema económico y político.

Los ejemplos son conocidos. Un sistema de permisos que tarda años en autorizar proyectos no protege mejor el medioambiente: protege a quienes pueden pagar abogados y tiempo muerto. Un mercado laboral rígido no cuida el empleo: expulsa a jóvenes, mujeres y trabajadores formales. Políticas sociales sin opciones reales no empoderan: inmovilizan. El resultado es menos inversión, menos innovación y menos oportunidades.

Una agenda liberal apunta a destrabar esos cuellos de botella. Exige reglas generales en lugar de discrecionalidad, competencia donde hoy existen barreras artificiales y derechos sociales diseñados para empoderar a las personas. Requiere un Estado que regule con evidencia, se discipline a sí mismo y rinda cuentas, y que proteja la libertad de expresión, la autonomía de la sociedad civil y la independencia institucional.

En un país fatigado de promesas maximalistas, rápidas en anunciarse y breves en cumplirse, el liberalismo ofrece algo duradero, aunque exigente: reglas justas, instituciones confiables e individuos capaces de construir productivamente su propio camino.

Publicado en La Tercera.

Raphael Bergoeing