El Presidente reabrió sorpresivamente la discusión constitucional —algo que jamás anticipó en su campaña— y propuso, con la firma de cuatro ministros, una reforma manifiestamente iliberal. Luego declaró que su gobierno no es iliberal. ¿Puede sortear esta contradicción? Sí. ¿Cómo? Retirando el proyecto.

Gobiernos iliberales son los que, con respaldo de las mayorías y de modo legal, socavan las libertades, típicamente buscando perpetuarse en el poder. El poder se concentra en el gobernante hasta transformarlo en uno autoritario. Fue el caso de Orbán en Hungría y Chávez en Venezuela. Si bien no hay indicios de que el Presidente Kast tenga la motivación autoritaria de capturar las instituciones de control y acallar la prensa, la reforma constitucional que ha propuesto implicaría un paso en una dirección populista-autoritaria.

¿Por qué es iliberal esta reforma? Según la propuesta, el Presidente puede decretar —sin la autorización previa del Congreso— un nuevo estado de excepción de hasta 240 días. Durante ese lapso se pueden “suspender o restringir” la libertad personal, de locomoción, de reunión, de asociación, interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes de particulares. Junto a la facultad de espiar a los ciudadanos que estime conveniente, la suspensión de la libertad personal es la más peligrosa, porque permitiría al gobierno arrestar, relegar, y prohibir la salida y entrada al país de quienes considere necesario (exceptuadas las autoridades), reintroduciendo de hecho el exilio.

Un futuro Presidente con apetitos autoritarios podría, por ejemplo, concluir el estado de excepción a los 200 días, esperar unas semanas y declararlo nuevamente sin necesitar autorización del Congreso. Así gobernaría gran parte de su mandato suprimiendo o restringiendo las libertades no solo de miembros del crimen organizado o de grupos terroristas, sino que de periodistas y líderes de la oposición que no sean parlamentarios, entre otros. Es el tipo de argucia que emplean los gobernantes iliberales. Se configuraría así la posibilidad de que mañana un Presidente instaurara una “dictadura constitucional”.

Por otra parte, el nuevo estado de excepción dispone emplear a las FF.AA. en tareas policiales, lo que desnaturaliza su función y debilita la defensa nacional. Nuestras FF.AA. no están entrenadas para labores policiales, por lo que es un riesgo para la población y para ellos mismos. Además es una solución parche: necesitamos más personal policial, pero se pretende que nos ahorremos el dinero que eso cuesta, usando a los militares como policías. Y se permite nombrar a un carabinero para mandar a los militares.

Adicionalmente, se habilita la dictación de una ley para negar el acceso —a personas que han cumplido quince años de cárcel por delitos vinculados al crimen organizado y terrorismo— a determinadas prestaciones de salud, educación, trabajo y previsión social con financiamiento fiscal. El castigo es inhumano y cruel. También obstaculiza la reinserción de personas que ya cumplieron su pena, incitándolos a reincidir.

Finalmente, el proyecto da al Presidente y al Senado facultades judiciales. Los políticos podrán definir un registro de organizaciones criminales y terroristas. Es un paso propio de gobiernos iliberales: borronear la separación de poderes.

El rechazo a la reforma ha producido diversas modificaciones, marchas y contramarchas. El Presidente llegó a La Moneda sin un plan de seguridad. ¿Qué se ve? Una irresponsable improvisación.

Si los cambios al proyecto son cosméticos, la amenaza del autoritarismo legal sigue en pie. Si diluyen el proyecto, no tiene sentido mantenerlo. Si solo se busca dar la sensación de seguridad, ¿no sería demagogia constitucional?

La seguridad es la primera prioridad en Chile. El camino no pasa por reformar la Constitución, sino por aumentar la dotación policial y mejorar su entrenamiento y tecnología. La gente quiere ver policías patrullando las calles, que la comisaría esté más cerca y haya más telefonistas atendiendo emergencias, todo lo cual requiere una inyección de recursos. Por lo demás, lo que nutre al narcotráfico es la demanda por drogas. Educar a la población en los peligros de la droga es esencial.

Una reforma tan mal concebida no puede ser aprobada en general para intentar mejorarla. Lo más honesto y valiente sería que el Presidente retirara con humildad el proyecto, diera vuelta la hoja, e invirtiera en seguridad.

Escrita junto a Javier Couso, académico UDP. Publicada en El Mercurio.

Arturo Fontaine